Vivo en España desde hace 29 años, que son exactamente los mismos que han transcurrido desde que nací. En multitud de ocasiones he intentado acostumbrarme a esta filosofía de vida tan nuestra que reza «¡Es lo que hay!» cada vez que algo no funciona, pero afortunadamente todavía me emociona la idea de pensar que las cosas pueden cambiar.

Si echamos un vistazo a Europa y nos acercamos al trato que los consumidores reciben por parte de las empresas que operan en los países vecinos, rápidamente nos damos cuenta de que estamos solos. España, con la Ley bajo el brazo, alardea de proteger a sus ciudadanos frente a las prácticas abusivas de algunas empresas. El caso es que existen mecanismos de defensa del consumidor, pero por algún motivo no funcionan o son tan desgastantes que uno rápidamente decide evitarse dolores de cabeza y pensar ‘¡Es lo que hay!’.

Hace un tiempo pataleaba porqué MediaMarkt me entregó un móvil HTC defectuoso que tardaron 5 meses en reparar (y que me devolvieron 3 veces con piezas rotas). Cuando conseguí solventar ese problema, adquirí un iPhone en una tienda Movistar, donde me obligaron a contratar un servicio que no quería y que podría dar de baja al día siguiente, como condición para entregarme un el teléfono (ese es su modo de colar altas cuando te engañan con la disponibilidad del aparato) y al intentar darlo de baja se negaron. Unos meses después me mudé de piso y volvieron las «irregulares» prácticas de algunas empresas. Endesa nos obligó a contratar la máxima potencia (9,2kW) que soporta la instalación para dar de alta la luz. Y ahora, mi última aventura me lleva a estar 2 meses sin conexión de Internet en casa, porqué Ya.com y Movistar no paran de pasarse la pelota sobre quién debe solucionar una avería.

Imaginad cuántas horas de mi vida invierto en «patalear» con tal de no conformarme con pensar que este país es así y ¡es lo que hay!. Cuando reclamas en la empresa, o te cierran las incidencias inventándose que el problema está solucionado o que no te han podido localizar. Si pides escalar el problema a una queja formal, ésta nunca a llega a los supervisores de los departamentos. Cuando se trata de las Administraciones, a menudo su respuesta es que ellos no conocen la normativa, que es responsabilidad de otra área (incluso aquí se pasan la pelota) o simplemente asumen que la empresa está incumpliendo las Leyes y te invitan a que reclames por tu cuenta. Cuando acudes a las organizaciones de defensa del consumidor, la cosa suele terminar en que la empresa no se adhiere al arbitraje de consumo o en que, teniendo el consumidor la razón, la única vía es denunciar a la empresa.

Al final, la culpa no es ni de las empresas ni de las Administraciones. Es culpa nuestra por no exigir que las Administraciones y organizaciones públicas de defensa del consumidor cumplan sus obligaciones, por quejarnos a grito limpio en lugar de inundar a los departamentos oficiales de consumo de reclamaciones y, sobretodo, por tener tan arraigada la costumbre de asumir que lo normal es que las cosas no funcionen y nos soseguemos pensando que ¡es lo que hay!.